Todo presidente peruano descubre, tarde o temprano, la misma verdad inc\u00f3moda: ganar Palacio no es lo mismo que gobernar el pa\u00eds. El poder, en el Per\u00fa, no se entrega el d\u00eda de la investidura; es un mosaico disperso entre el Congreso, los jueces, las regiones y una ciudadan\u00eda que desconf\u00eda por costumbre. Frente a esa dispersi\u00f3n, cada gobierno d\u00e9bil siente la misma tentaci\u00f3n: pedir al Congreso que le preste, por unos meses, la facultad de legislar por decreto, y confundir esa velocidad con autoridad.<\/p>\n\n\n\n
La Constituci\u00f3n habilita el atajo. Su art\u00edculo 104 permite al Congreso delegar en el Ejecutivo la potestad de legislar sobre materias espec\u00edficas y por un plazo determinado. Naci\u00f3 como excepci\u00f3n; el riesgo es que termine us\u00e1ndose como sustituto de la pol\u00edtica, como si un decreto pudiera reemplazar el arduo oficio de construir mayor\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
El dilema reaparece hoy, al inicio del gobierno de Keiko Fujimori, que ha pedido al Congreso facultades legislativas por ciento veinte d\u00edas para sesenta y seis materias \u2014de la seguridad ciudadana y la reforma penitenciaria al empleo y la modernizaci\u00f3n del Estado\u2014, con la emergencia por El Ni\u00f1o como tel\u00f3n de fondo. La urgencia es real: el crimen organizado y la extorsi\u00f3n no esperan calendarios parlamentarios. Pero la pregunta que importa no es si el Ejecutivo necesita herramientas legales, sino si esas herramientas pueden sustituir la construcci\u00f3n de acuerdos pol\u00edticos duraderos.<\/p>\n\n\n\n
La historia reciente aconseja prudencia, y la aconseja con nombres y fechas. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski obtuvo, mediante la Ley 30506, noventa d\u00edas para legislar en reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupci\u00f3n y reorganizaci\u00f3n de Petroper\u00fa. La delegaci\u00f3n se cumpli\u00f3, pero no cambi\u00f3 la correlaci\u00f3n de fuerzas en el Congreso: en diciembre de ese a\u00f1o censuraron al ministro de Educaci\u00f3n, Jaime Saavedra, y en setiembre de 2017 su sucesor, Fernando Zavala, plante\u00f3 una cuesti\u00f3n de confianza \u2014para blindar a la nueva ministra Maril\u00fa Martens de una segunda censura\u2014 que el Pleno le neg\u00f3, precipitando la ca\u00edda de todo el gabinete. La lecci\u00f3n no es que las facultades derribaran a Zavala, sino que el decreto permiti\u00f3 gobernar unos meses sin disolver el conflicto que se incubaba entre Ejecutivo y Legislativo.<\/p>\n\n\n\n
Algo parecido ocurri\u00f3 con Pedro Castillo. En diciembre de 2021, bajo la presidencia del Consejo de Ministros de Mirtha V\u00e1squez, el Congreso aprob\u00f3 la Ley 31380 y concedi\u00f3 al Ejecutivo noventa d\u00edas para legislar en materia tributaria, fiscal y financiera. Pocas semanas despu\u00e9s, el 31 de enero de 2022, V\u00e1squez renunci\u00f3, en medio de una crisis desatada por la salida del ministro del Interior y cuestionamientos sobre irregularidades dentro del propio gobierno. De nuevo, el instrumento legislativo sobrevivi\u00f3 al equipo pol\u00edtico que deb\u00eda convertirlo en pol\u00edtica p\u00fablica; sobrevivi\u00f3, incluso, a la premier que lo hab\u00eda gestionado.<\/p>\n\n\n\n
Ah\u00ed reside la paradoja. Un decreto legislativo puede reformar un c\u00f3digo o crear incentivos econ\u00f3micos en semanas. Pero el Estado real no habita en los decretos publicados en El Peruano: vive en presupuestos, reglamentos y funcionarios de carrera que deben ejecutar lo que Palacio firma. Cuando cae un ministro, suelen caer con \u00e9l viceministros, asesores y directores.<\/p>\n\n\n\n
El retorno de la bicameralidad, vigente desde este a\u00f1o, a\u00f1ade una capa de complejidad al viejo mecanismo. La C\u00e1mara de Diputados concentra la interpelaci\u00f3n y la censura ministerial, mientras que el Senado ejerce el control posterior sobre los decretos legislativos: el presidente debe darle cuenta de las normas dictadas al amparo del art\u00edculo 104, y la c\u00e1mara alta puede revisar si respet\u00f3 la Constituci\u00f3n, la materia delegada y el plazo concedido. El decreto regresa al Parlamento como expediente de fiscalizaci\u00f3n, y cada exceso puede volverse controversia constitucional o acusaci\u00f3n de haber estirado una delegaci\u00f3n acotada.<\/p>\n\n\n\n
Hay, adem\u00e1s, un cambio m\u00e1s discreto. Antes, la primera comparecencia del premier ante el Parlamento era un momento de riesgo: bastaba un mal debate para que cayera el gabinete reci\u00e9n formado. Con la bicameralidad, esa exposici\u00f3n inicial ante la C\u00e1mara de Diputados \u2014art\u00edculo 130\u2014 se volvi\u00f3 un tr\u00e1mite: el gabinete expone su pol\u00edtica general, pero ning\u00fan voto de confianza pende de esa primera cita. La cuenta pol\u00edtica que de verdad puede costarle el cargo llega por otra v\u00eda: el art\u00edculo 132 la traslada a la C\u00e1mara de Diputados, mediante la interpelaci\u00f3n y la censura.<\/p>\n\n\n\n
Cada c\u00e1mara hace lo suyo, sin pisarse: los diputados vigilan la gesti\u00f3n, los senadores revisan lo delegado. Pero esa divisi\u00f3n puede volverse arma de doble filo. Un Ejecutivo tentado a gobernar por decreto, en lugar de negociar, corre el riesgo de esquivar un debate y terminar enfrentando dos, en momentos y por razones distintas.<\/p>\n\n\n\n
El Per\u00fa lleva d\u00e9cadas confundiendo la velocidad normativa con la capacidad estatal. De esa confusi\u00f3n nace el espejismo del poder delegado: un gobierno pide facultades porque necesita actuar pronto, el Congreso las concede porque no quiere cargar con el costo de la inacci\u00f3n, y ambos celebran el acuerdo como si hubieran construido una coalici\u00f3n. No lo han hecho.<\/p>\n\n\n\n
Keiko Fujimori tiene, por tanto, una oportunidad y un riesgo entrelazados. Puede usar las facultades para resolver materias urgentes mientras construye acuerdos estables con ambas c\u00e1maras. O puede convertirlas en la columna vertebral de un gobierno que conf\u00eda m\u00e1s en el decreto que en la persuasi\u00f3n pol\u00edtica \u2014tentaci\u00f3n agravada por la amplitud del pedido: sesenta y seis materias no son una lista de urgencias, sino un programa de gobierno tramitado por la puerta de atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n
El verdadero poder no est\u00e1 en producir m\u00e1s leyes en menos d\u00edas, sino en conseguir que el Estado y la sociedad sean capaces de obedecerlas, ejecutarlas y creer en ellas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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