UN SIGLO DE VIOLENCIA EN LA ESCUELA
Durante buena parte del siglo XX, el castigo físico formó parte de la rutina escolar. Un escolar podía volver a casa con las manos adoloridas por un reglazo sin que su familia pensara en denunciar al profesor: el castigo se entendía como disciplina, y la autoridad del maestro rara vez se ponía en duda.
Nicomedes Santa Cruz dejó testimonio de esa normalidad en «La escuelita», la décima conocida por su verso «A cocachos aprendí», donde evoca la escuela fiscal y el uso del cocacho y la palmeta como método de enseñanza. Que lo recordara con nostalgia y humor, y no con reproche, revela cuán aceptado estaba el castigo físico incluso entre quienes lo habían padecido.
Aquella escuela quedó atrás, pero la violencia no desapareció: cambió de protagonistas. Dejó de ejercerse desde la tarima del maestro y pasó a circular entre los propios estudiantes. En el aula y en el patio se forman jerarquías, y el apodo suele ser la primera forma de agresión. Lo que permite que la agresión escale es el silencio: la víctima teme que hablar empeore su situación, el agresor comprueba que nadie lo detiene y los adultos solo reciben fragmentos de lo que ocurre.
A esa violencia entre pares el Ministerio de Educación la denomina acoso escolar y la define como conductas intencionales de hostigamiento y maltrato que un estudiante recibe de manera reiterada de uno o varios compañeros, con el objeto de intimidarlo o excluirlo.1 El nombre es relativamente reciente; el fenómeno, no. Durante décadas se lo despachó con una frase —«son cosas de muchachos»— que le restaba importancia y que, en la práctica, protegió más a los agresores que a las víctimas.
Esa indiferencia se volvió más costosa cuando la tecnología borró el límite que antes imponía el fin de la jornada escolar. Ya en 2010, una investigación con 1703 estudiantes de secundaria de colegios públicos de Lima Metropolitana registraba acoso por teléfono celular y por internet.2 Desde entonces, la agresión acompaña a la víctima hasta su casa: una fotografía difundida en redes puede llegar a cientos de personas y permanecer durante años, y cada persona que la reenvía contribuye a prolongar el daño.
Ante un problema que ya no podía atribuirse a simples travesuras, el Estado respondió con normas: la Ley 29719, de 2011; los protocolos de convivencia, cuya última actualización data de septiembre de 2025,3 y el SíseVe, la plataforma oficial de reporte de casos. Sin embargo, una cosa es dictar normas y otra, hacerlas cumplir. En 2022, tras la caída de una estudiante en una sede del colegio Saco Oliveros, Indecopi informó que la institución acumulaba cuatro multas previas por violencia contra estudiantes.4 Las sanciones se habían sumado sin que la violencia se detuviera.
El caso del Liceo Naval Almirante Guise muestra esa misma distancia entre la norma y la práctica, pero con mayor gravedad. El decreto que dispuso la reorganización del colegio reconoce que el SíseVe había registrado una «cantidad significativa» de casos de violencia física, psicológica y sexual en la institución.5 La presunta agresión sexual del 15 de septiembre contra un estudiante de 16 años no fue, por tanto, un hecho aislado. Las crisis escolares rara vez empiezan con un solo episodio; suelen gestarse en apodos tolerados, alumnos excluidos, chats creados para ridiculizar a un compañero y denuncias que nadie atiende. El sistema de reporte, en otras palabras, registró las alertas; lo que faltó fue una respuesta.
Cuando esa respuesta no llega, se repite un patrón conocido: quien se va es la víctima. Cambia de colegio o deja de asistir, mientras los agresores continúan en las aulas sin una medida disciplinaria proporcional al daño. El mensaje para los demás estudiantes es inequívoco: denunciar tiene un costo; agredir, no. En el Liceo Naval, el estudiante agredido aún no ha vuelto a clases presenciales.
Detrás de ese patrón hay un problema de fondo: la pérdida de autoridad de los centros educativos. La escuela transitó del castigo físico a una situación en la que directores y docentes dudan en sancionar por temor a quejas, denuncias o procesos administrativos. No es casual que la madre del estudiante haya pedido al Ministerio de Educación devolver autoridad a los profesores y separar a los alumnos implicados en hechos graves de violencia.6 Restituir esa autoridad no significa volver al reglazo que evocaba Santa Cruz, sino permitir que el colegio fije reglas claras, las aplique con un procedimiento justo y sancione con firmeza.
Esa autoridad, sin embargo, no se erosiona solo dentro de la escuela; también se debilita desde el hogar. Todavía hay padres que justifican la conducta agresora de sus hijos, minimizan los hechos y desafían a los docentes que intentan corregirla. El padre de uno de los adolescentes investigados describió la agresión como «un juego que se les ha ido de las manos»,7 una versión actualizada del viejo «son cosas de muchachos». Cuando la familia protege al agresor en lugar de corregirlo, le enseña que sus actos no tienen consecuencias.
La literatura peruana retrató esa lógica hace más de seis décadas. En La ciudad y los perros (1963), Mario Vargas Llosa describe un colegio militar donde la fuerza fija las jerarquías, el silencio es la norma y las autoridades declaran accidente la muerte de un cadete para evitar el escándalo. La novela no puede trasladarse al caso del Liceo Naval, pero identifica el riesgo que hoy inquieta a las familias: que la lealtad al grupo, a la familia o a la institución se anteponga a la protección de la víctima.
Ese temor explica buena parte del descontento público. La percepción de que familias y autoridades protegen a los agresores ha movilizado a padres del Liceo Naval y de otros colegios, que se han congregado para exigir justicia, sanciones y cambios en la ley.8 La desconfianza llegó a tal punto que la Defensoría del Pueblo inspeccionó el centro juvenil donde están internados los seis adolescentes investigados para descartar un trato privilegiado, que finalmente no encontró.9
En la formación de esa indignación colectiva, los medios han desempeñado un papel decisivo: han sacado a la luz casos de acoso escolar que de otro modo habrían permanecido ocultos. Pero la misma exposición que visibiliza también puede dañar. Los videos difundidos una y otra vez, los titulares sensacionalistas y la especulación sobre responsables aún no juzgados amplían el número de personas que presencian la humillación.
Por eso la ley fija límites. El Código de los Niños y Adolescentes prohíbe publicar la identidad o la imagen de un menor involucrado en una infracción o delito, y en una comunidad escolar basta mencionar el grado o el distrito para identificarlo. Aun así, durante la cobertura de este caso, el nombre del estudiante agredido llegó a mencionarse en televisión, hecho por el cual los padres movilizados exigieron sanciones. La misma protección corresponde a los adolescentes investigados, que gozan de la presunción de inocencia. Informar con responsabilidad es explicar qué falló en la institución, no volver a exhibir el episodio.
Si la difusión de imágenes reales ya multiplica el daño, lo que se avecina es más inquietante. En un siglo, la violencia escolar pasó del cocacho al acoso digital, y la inteligencia artificial ya permite fabricar fotografías, videos y voces falsas para atribuir a un estudiante hechos que nunca ocurrieron. Las escuelas que hoy no atienden las señales visibles difícilmente estarán preparadas para las agresiones que vienen.
Nada de lo anterior autoriza a adelantar culpas: el caso del Liceo Naval deberá resolverse con respeto al debido proceso. Pero el acoso no empieza cuando llega a los noticieros, sino mucho antes: cuando el agresor comprueba que puede humillar a otro sin consecuencias y los adultos que lo saben —padres, profesores y autoridades— deciden esperar o justificarlo.
Por eso este caso debe servir de precedente. Ningún colegio, público o privado, civil o militar, puede seguir tratando una denuncia como una amenaza a su prestigio, y ninguna víctima debería verse obligada a dejar su colegio mientras quienes la agredieron permanecen en él. Cada reporte debe tener respuesta; cada agresión, una sanción; cada omisión, un responsable. Solo entonces la frase «son cosas de muchachos» pasará, definitivamente, a formar parte de la historia.
Referencias
[1] Ministerio de Educación. Decreto Supremo N.º 004-2018-MINEDU, que aprueba los «Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes». El Peruano, 13 de mayo de 2018.
[2] García Ampudia, L., Orellana Manrique, O., Pomalaya, R. et al. «Cyberbullying en escolares de educación secundaria de Lima Metropolitana». Revista de Investigación en Psicología (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), vol. 13, n.º 2, 2010, pp. 83-99.
[3] Ministerio de Educación. Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU, que modifica los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes (Anexo 03 de los Lineamientos aprobados por D. S. N.º 004-2018-MINEDU). 2 de septiembre de 2025. https://drelp.gob.pe/RM-383-2025-minedu.pdf
[4] Indecopi. «Indecopi: Colegio Saco Oliveros tiene cuatro multas por casos de violencia contra estudiantes». Nota de prensa, 28 de octubre de 2022. https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/665098-indecopi-colegio-saco-oliveros-tiene-cuatro-multas-por-casos-de-violencia-contra-estudiantes
[5] Decreto Supremo N.º 016-2026-MINEDU, que dispone la reorganización de la gestión educativa y gobernanza institucional de la Institución Educativa Pública Liceo Naval Almirante Guise. El Peruano, edición extraordinaria, 18 de septiembre de 2026. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2555952-1
[6] El Comercio. Declaraciones de la madre del estudiante agredido sobre la situación de su hijo y su pedido al Ministerio de Educación, 22 de septiembre de 2026. https://elcomercio.pe/lima/liceo-naval-madre-de-victima-de-presunta-agresion-sexual-minedu-modificar-ley-devolver-autoridad-profesores-apuesplan-ultimas-noticia/
[7] Infobae. «Padre de escolar investigado por caso Liceo Naval califica la presunta agresión sexual como “un juego que se les ha ido de las manos”», 18 de septiembre de 2026. https://www.infobae.com/peru/2026/09/18/padre-de-escolar-investigado-por-caso-liceo-naval-califica-la-presunta-agresion-sexual-como-un-juego-que-se-les-ha-ido-de-las-manos/
[8] El Comercio. «Liceo Naval: padres de familia hacen plantón frente a Centro Naval exigiendo justicia para adolescente», 20 de septiembre de 2026; y ATV, «Caso Liceo Naval: más de 200 padres de familia realizan plantón pidiendo justicia para escolar». https://www.atv.pe/noticia/liceo-naval-padres-planton-justicia/
[9] Infobae. «Caso Liceo Naval: Defensoría descarta trato privilegiado en Maranguita para adolescentes acusados de agredir sexualmente a su compañero escolar», 26 de septiembre de 2026. https://www.infobae.com/peru/2026/09/26/caso-liceo-naval-defensoria-descarta-trato-privilegiado-en-maranguita-para-adolescentes-acusados-de-agredir-sexualmente-a-su-companero-escolar/
