En 1961, Estados Unidos ofreció a América Latina una alianza. En 2026 le propone un escudo. Entre ambos gestos median sesenta y cinco años durante los cuales cambiaron el sistema internacional, las amenazas hemisféricas y el lugar del Perú en el mundo. La Alianza para el Progreso nació de la Guerra Fría y vinculó el desarrollo con la reforma social y la estabilidad democrática; el Escudo de las Américas surge en otro tiempo, marcado por el crimen organizado transnacional y por una presencia china que entonces no existía.
Comparar ambos momentos no significa equipararlos. Permite observar cómo cambiaron las prioridades de Estados Unidos hacia América Latina y formular una pregunta que no es solo peruana. Argentina, Bolivia, Colombia, Chile (observador), Ecuador, Panamá y otros países de la región integran ya el mismo mecanismo de seguridad que ahora suma al Perú; cada uno negocia, a su manera, el mismo equilibrio entre Washington y Pekín. La pregunta es: ¿cómo relacionarse con las grandes potencias sin perder la capacidad soberana de decidir?
Cuando John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, la Revolución cubana acababa de sacudir el continente. Washington comprometió veinte mil millones de dólares para una década, mientras los países latinoamericanos asumieron metas de crecimiento económico, educación, vivienda y reformas tributaria y agraria. Desarrollo, democracia y estabilidad quedaron unidos en una misma agenda.
El Perú ocupó un lugar importante. Fernando Belaúnde asumió la presidencia en 1963 con un programa de carreteras, vivienda, educación e integración territorial. La Alianza podía aportar financiamiento y cooperación técnica, pero esperaba, al mismo tiempo, que el Estado peruano emprendiera reformas sociales, fiscales y administrativas capaces de sostener el desarrollo. Existía, sin embargo, una deuda más antigua que la Alianza: el petróleo. La disputa de La Brea y Pariñas enfrentaba desde hacía décadas al Estado peruano con la International Petroleum Company, filial de Standard Oil of New Jersey. Los documentos diplomáticos estadounidenses desclasificados permiten establecer una relación entre aquella controversia y determinadas decisiones sobre la asistencia económica.
Hacia fines de 1963, el embajador estadounidense había sido autorizado a ofrecer a Belaúnde un paquete de ayuda de aproximadamente 64 millones de dólares, en un contexto en el que Washington esperaba avances en las negociaciones con la IPC. Después de la interrupción de esas conversaciones y de la remisión del problema por parte del Ejecutivo al Congreso peruano, el Gobierno estadounidense decidió no continuar con el paquete. La documentación disponible precisa, no obstante, que el Gobierno del Perú no fue informado oficialmente de aquella decisión[1].
En los años siguientes, la ayuda estadounidense no fue suspendida por completo, pero sí se redujeron o condicionaron algunos programas mientras continuaban las gestiones para alcanzar un acuerdo. Esto permite vincular la controversia petrolera con ciertas decisiones de Washington, sin convertir esa relación en una explicación única ni atribuir intenciones que las fuentes no demuestran.
El conflicto sobrevivió al primer gobierno de Belaúnde. El Acta de Talara, firmada en agosto de 1968, no logró cerrarlo, y el escándalo de la Página Once —la acusación de que el Gobierno había ocultado una cláusula clave del acuerdo— agravó la crisis política. El 3 de octubre las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente; seis días después, el Gobierno Revolucionario de Juan Velasco Alvarado expropió los activos de la IPC. El año siguiente promulgó una extensa reforma agraria.
La transformación de la propiedad rural también había figurado entre los objetivos de la Alianza para el Progreso, que promovía reformas dentro de un orden democrático y de cooperación hemisférica; Velasco actuó desde un gobierno militar y conforme a una lógica nacionalista. Ambos coincidieron en el diagnóstico —concentración de la propiedad, pobreza y desigualdad—, pero no en los procedimientos ni en la concepción del poder.
Las décadas siguientes trajeron otras prioridades: la deuda y el narcotráfico en los años ochenta, la apertura económica en los noventa y la seguridad internacional después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Mientras tanto en la región maduraba una transformación de mayor alcance: el ascenso de China, que pasó de ser comprador de materias primas a convertirse en inversionista en minería, energía e infraestructura en América Latina.
El Perú constituye un ejemplo particularmente visible. China se consolidó como su principal socio comercial y, en 2024, el intercambio bilateral se aproximó, según estimados de CIEN-ADEX, a los 42.000 millones de dólares.[2] Ese mismo año fue inaugurado el puerto de Chancay, cuyo terminal es controlado mayoritariamente por Cosco Shipping Ports. La infraestructura fue concebida para reducir los tiempos de transporte hacia Asia y proyectar al Perú como una plataforma logística del Pacífico sudamericano. La obra reabrió, además, preguntas sobre su huella ambiental —el impacto en la caleta pesquera y en el tránsito de embarcaciones artesanales—, un costo que el debate geopolítico rara vez contabiliza junto al que ya impone la minería ilegal ligada a buena parte del comercio con China.
En 2026 estalló una disputa concreta sobre esa capacidad: Cosco Shipping cuestionó ante el Poder Judicial la competencia de Ositrán, el organismo regulador del transporte de uso público, para supervisar el terminal, alegando su carácter privado. Un juzgado le dio la razón en enero de ese año, pero la Segunda Sala Constitucional revirtió el fallo y declaró improcedente la demanda, respaldando la facultad reguladora del Estado; la empresa china anunció que llevaría el caso al Tribunal Constitucional[3]. Más allá de las posiciones expresadas por Estados Unidos y China en torno al episodio, la disputa devolvió al primer plano una cuestión esencial: ¿dispone el Estado peruano de las capacidades jurídicas, técnicas e institucionales necesarias para regular una infraestructura estratégica situada en su territorio, exista o no una empresa extranjera de por medio?
En los años sesenta del siglo XX se discutía sobre un yacimiento petrolero explotado por una compañía vinculada con capital estadounidense; seis décadas después, la controversia gira alrededor de una infraestructura portuaria operada por una empresa estatal china.
Ayer, petróleo. Hoy, logística. En ambos casos, determinados activos desbordaron su valor comercial y entraron en el terreno de las relaciones internacionales. La pregunta común es cómo ejerce el Perú su autoridad sobre recursos e infraestructuras estratégicas sin desconocer los compromisos asumidos ni renunciar a sus facultades soberanas.
En este escenario aparece el Escudo de las Américas. En marzo de 2026, Estados Unidos convocó a gobiernos latinoamericanos para fortalecer la cooperación contra los cárteles y el crimen organizado transnacional. El 10 de setiembre, durante la visita a Lima del secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta Keiko Fujimori confirmó la incorporación del Perú al mecanismo. Rubio, por su parte, habló de una «era dorada» en la relación bilateral —una fórmula que Washington repite con distintos gobiernos de la región.
El Escudo se presenta, hasta el momento, como un mecanismo de coordinación política y operativa encabezado por Estados Unidos, más que como una alianza formal equivalente a un tratado. Sus compromisos, instrumentos y alcances institucionales deberán precisarse conforme avance su implementación. La cooperación responde a amenazas reales —narcotráfico, minería ilegal, extorsión, lavado de activos, trata de personas y tráfico de armas— que actúan mediante redes capaces de superar las fronteras y las capacidades aisladas de cualquier Estado.
Pero el Escudo opera en un hemisferio muy diferente del que recibió a la Alianza para el Progreso en el siglo pasado. China posee hoy una presencia comercial y financiera que se apoya principalmente en el comercio y la infraestructura; mientras Estados Unidos conserva una extensa red de vínculos políticos, militares, económicos y culturales con la región y ha incorporado, además, una arquitectura política, institucional y de seguridad construida durante décadas.
Para el Perú, ambas relaciones son importantes y no tienen por qué excluirse. Es posible cooperar con Washington contra el crimen organizado y mantener, simultáneamente, una intensa relación comercial con Pekín; aprovechar las oportunidades creadas por Chancay y ejercer la facultad de regularlo; recibir inversiones de distintas procedencias y someterlas a la legislación peruana.
La cuestión de fondo no es elegir entre una potencia y otra, sino fortalecer la capacidad del Estado para decidir por sí mismo. La cooperación estadounidense será valiosa si robustece las instituciones nacionales y respeta las prioridades peruanas. La inversión china contribuirá al desarrollo si opera bajo reglas transparentes, seguridad jurídica y una autoridad reguladora efectiva. El mismo criterio debe aplicarse frente a cualquier potencia o capital extranjero —y frente a cualquier «era dorada» que se anuncie desde fuera.
Vista así, la distancia entre la Alianza para el Progreso y el Escudo de las Américas cuenta dos historias paralelas: la transformación de las prioridades estadounidenses hacia la región y la búsqueda del Perú de un lugar propio dentro de un sistema internacional cambiante. Las circunstancias cambiaron, pero la pregunta por la soberanía permanece.
En el siglo XXI, soberanía significa disponer de instituciones capaces de negociar con distintas potencias, regular las inversiones, proteger los recursos estratégicos y escoger las formas de cooperación de acuerdo con el interés nacional. Por eso, la pregunta final no es qué espera Washington del Perú ni qué espera Pekín, sino qué espera el Perú de su relación con ambos. Quizá la lección histórica de estos sesenta y cinco años sea esta: la autonomía de una nación no se mide por la distancia que guarda frente a las grandes potencias, sino por su capacidad de cooperar con ellas sin renunciar al derecho de decidir por sí misma.
[1] U.S. Department of State, Office of the Historian, Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXXI, South and Central America; Mexico, Documentos 470 y 478. Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d470 y https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v31/d478.
[2] Estimado de CIEN-ADEX: exportaciones peruanas a China por USD 26 000 millones e importaciones desde China por USD 16 000 millones en 2024. Véase El Comercio, “ADEX: Exportaciones a China sumaron US$ 26 000 millones el 2024”, elcomercio.pe.
[3] Véase Gestión, “Puerto de Chancay: Poder Judicial revierte sentencia y respalda competencia de Ositrán para regular terminal de Cosco Shipping”, gestion.pe; y La República, “Puerto de Chancay: Poder Judicial admite recurso de Cosco y disputa con Ositrán llegará al Tribunal Constitucional”, larepublica.pe (agosto de 2026).
